En 2026 el entorno jurídico en el que operan las empresas en España sigue transformándose con rapidez. Ya no basta con cumplir la letra de la ley: las organizaciones que prosperan son las que comprenden las tendencias legales, anticipan los riesgos y adoptan una estrategia de cumplimiento integrada y adaptable. Los desafíos no son solo normativos, sino también de carácter cultural, organizativo y reputacional.
A continuación analizo los principales retos legales que las empresas deben abordar con prioridad en este nuevo ciclo.
1. Protección de informantes y canales de denuncia eficaces
La entrada en vigor de la Ley 2/2023 y la implantación plena de la Autoridad Independiente de Protección del Informante marcan un antes y un después en la gestión del cumplimiento interno.
Para 2026 será crucial que las empresas con 50 o más trabajadores no solo dispongan de un canal de denuncias formal, sino que éste:
- Garantice la confidencialidad o el anonimato real del informante.
- Permita una tramitación diligente y documentada de cada comunicación.
- Cuente con procedimientos internos sólidos de investigación y respuesta.
No se trata de cumplir por cumplir. La Autoridad ya está en condiciones de supervisar y, a partir de 2026, aplicar sanciones a las empresas que no gestionen de forma adecuada estos sistemas.
Este reto exige una revisión profunda de los mecanismos internos y una cultura corporativa que promueva la transparencia y proteja a quien informa de irregularidades.
2. Compliance penal como estándar de gestión empresarial
El compliance penal dejó de ser una recomendación para convertirse en un estándar de comportamiento diligente. Hoy más que nunca, las empresas deben contar con programas de prevención de riesgos penales eficaces, visibles y aplicados de forma real.
Esto implica no solo implementar controles, sino también:
- Formación periódica del personal.
- Sistemas de supervisión actualizados.
- Integración de la gestión de riesgos penales con la gestión general del negocio.
- Evaluación continua de procesos críticos.
Las empresas que carezcan de un compliance penal integrado se arriesgan a estar más expuestos a las contingencias penales, con los posibles problemas que ello puede conllevar para los administradores.
3. Transformación digital y protección de datos
La digitalización de procesos empresariales trae consigo enormes ventajas competitivas, pero también nuevas exigencias legales. La protección de datos personales y la ciberseguridad no son cuestiones accesorias ni del departamento de sistemas: son obligaciones legales que pueden generar responsabilidad penal, administrativa o contractual si no se atienden con rigor.
En 2026 será indispensable que la empresa:
- Alinee sus políticas de tratamiento de datos con el RGPD y los criterios de la AEPD.
- Cuente con protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad.
- Supervise no solo su propia infraestructura, sino también la de proveedores críticos.
La prevención de riesgos digitales es, hoy, un pilar del cumplimiento empresarial.
4. Sostenibilidad, responsabilidad social y debida diligencia
Los requisitos de sostenibilidad y responsabilidad social ya no se limitan a obligaciones de reporte. La evolución normativa europea y española está orientada hacia el deber de debida diligencia en esta materia.
Para 2026, muchas empresas deberán:
- Identificar y evaluar sus impactos en cadenas de suministro.
- Integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su toma de decisiones.
- Justificar documentalmente sus políticas de sostenibilidad.
Este reto exige no solo cambios normativos internos, sino una transformación de la gobernanza corporativa.
5. Gestión de conflictos societarios y reorganizaciones empresariales
El dinamismo del mercado, los procesos de concentración y la entrada y salida de inversores plantean retos en materia de gobierno corporativo y relaciones entre socios.
Entre los aspectos que merecen atención están:
- Actualización de acuerdos de socios.
- Revisión de cláusulas estatutarias.
- Estructuración de procesos de salida ordenada de socios.
- Prevención de bloqueos en órganos de administración y juntas generales.
La prevención jurídica de estos conflictos no solo evita litigios, sino que protege el valor empresarial a largo plazo.
6. Fiscalidad y riesgo penal tributario
El entorno fiscal continúa siendo objeto de atención y evolución, tanto en España como en Europa. Las empresas deben gestionar con cuidado:
- La planificación fiscal internacional.
- La documentación de operaciones vinculadas.
- Los riesgos de interpretaciones tributarias agresivas.
Un enfoque fiscal defensivo no solo protege frente a sanciones tributarias, sino que reduce la probabilidad de una derivación penal por delito contra la Hacienda Pública, un riesgo real para administradores y responsables financieros.
7. Relaciones laborales y prevención de riesgos laborales
Las obligaciones en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo siguen siendo un foco principal de riesgo, tanto administrativo como penal. En 2026 las empresas deberán prestar atención a:
- Prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos.
- Igualdad retributiva y no discriminación.
- Teletrabajo y nuevas formas de organización del trabajo.
- Gestión de la responsabilidad penal derivada de accidentes de trabajo.
Una política laboral preventiva y documentada es una ventaja competitiva y una barrera eficaz frente a contingencias legales.
Conclusión: anticipar para gestionar
Los retos legales que afrontan las empresas en 2026 no son problemas aislados o pasajeros. Son síntomas de una evolución normativa y de expectativas sociales que ya forman parte del entorno empresarial.
La clave no es reaccionar ante la sanción, la inspección o el conflicto, sino anticiparse mediante estructuras jurídicas sólidas, programas de cumplimiento integrados y una cultura interna de responsabilidad y transparencia.
Las empresas que internalicen esta exigencia no solo cumplirán con la ley: ganarán credibilidad, resiliencia y capacidad de competir en mercados exigentes y globalizados.
Y eso —en 2026 y más allá— no es solo una cuestión legal: es una cuestión de supervivencia y de reputación.
El Blog de Derecho de Alejandro Pérez 