La interacción con las Administraciones Públicas forma parte habitual de la actividad de empresas y particulares. Licencias, sanciones, subvenciones, contratación pública, procedimientos urbanísticos o tributarios son solo algunos ejemplos. Sin embargo, muchos conflictos con la Administración no se resuelven —ni se ganan— en los tribunales, sino en una fase previa, menos visible pero decisiva: la fase administrativa.
Comprender cómo funciona la Administración y cómo relacionarse jurídicamente con ella es, en este ámbito, tan importante como conocer la ley.
La fase administrativa: donde se define el conflicto
Uno de los errores más frecuentes es infravalorar la importancia de los trámites administrativos iniciales. Alegaciones mal planteadas, recursos presentados fuera de plazo o falta de prueba adecuada pueden cerrar puertas que después resultan muy difíciles de reabrir en sede judicial.
El asesoramiento jurídico en esta fase permite:
- Enfocar correctamente el procedimiento desde el inicio
- Construir un expediente sólido
- Evitar decisiones irreversibles
- Reducir, en muchos casos, la necesidad de acudir a los tribunales
En el Derecho Administrativo, el fondo y la forma son inseparables.
Conocer la norma no basta: conocer la Administración concreta
Aunque el marco jurídico es común, cada Administración Pública tiene sus propias dinámicas, criterios interpretativos y formas de actuación. No es lo mismo relacionarse con un ayuntamiento que con una conselleria autonómica, una diputación o un organismo estatal.
En territorios como la provincia de Alicante, esta realidad es especialmente relevante por la diversidad de administraciones locales, la intensidad de la actividad urbanística y económica y la coexistencia de distintos niveles competenciales.
Conocer:
- La estructura interna de cada organismo
- Sus criterios habituales
- Sus tiempos reales de respuesta
- Sus prácticas administrativas
permite diseñar estrategias más eficaces y realistas.
Urbanismo, licencias y actividad económica
Una parte significativa de los conflictos administrativos tiene su origen en el urbanismo, las licencias de actividad o el uso del suelo. En estos ámbitos, la experiencia práctica y el conocimiento del territorio son determinantes.
Interpretaciones rígidas o planteamientos excesivamente teóricos suelen chocar con la realidad administrativa. Un asesoramiento eficaz combina el rigor jurídico con la comprensión del contexto técnico, urbanístico y económico de cada actuación.
El valor del diálogo administrativo
No todo conflicto con la Administración debe convertirse en un enfrentamiento. En muchos casos, la interlocución jurídica adecuada permite reconducir situaciones complejas, aclarar criterios o corregir errores sin necesidad de recursos contenciosos largos y costosos.
Este diálogo exige:
- Conocimiento técnico
- Credibilidad profesional
- Capacidad de argumentación clara y respetuosa
La Administración valora los planteamientos serios, bien fundamentados y alejados de posiciones meramente defensivas o dilatorias.
Cuando es necesario acudir a los tribunales
Si el conflicto no puede resolverse en vía administrativa, el procedimiento contencioso-administrativo debe afrontarse con una base sólida. Un buen recurso judicial se construye sobre un expediente bien trabajado desde el inicio.
En este punto, la experiencia previa en la fase administrativa es una ventaja decisiva, tanto para identificar los puntos débiles del acto impugnado como para enfocar correctamente la prueba y la argumentación jurídica.
Acompañamiento y seguridad jurídica
La relación con las Administraciones Públicas suele generar incertidumbre y sensación de desventaja, especialmente en particulares y pequeñas empresas. El papel del abogado es traducir el lenguaje administrativo, explicar opciones reales y acompañar al cliente en cada decisión, con claridad y realismo.
No se trata de prometer resultados, sino de reducir riesgos, anticipar problemas y proteger los intereses del cliente dentro de un marco jurídico complejo y altamente formalizado.
Una reflexión final
El Derecho Administrativo no se gana solo en los tribunales ni se pierde únicamente en ellos. Se construye, paso a paso, en cada escrito, en cada trámite y en cada decisión adoptada desde el inicio del procedimiento.
Y en un entorno como el de la provincia de Alicante, el conocimiento del territorio y de las Administraciones concretas es una herramienta jurídica de primer orden.
Porque frente a la Administración, la estrategia, el rigor y la experiencia local marcan la diferencia.
El Blog de Derecho de Alejandro Pérez 
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